El pasado fin de semana un programa dominical daba cuenta de que el ambiente en nuestra región se encontraba bastante caldeado, esto por las denuncias en contra del actual gobernador regional, señalado como cabecilla de una presunta organización criminal dedicada al usufructo de obras públicas, un mafia denominada “Los intocables de las obras”, y por la aparición de personajes influyentes que no necesariamente gozaron del voto popular, pero que sin embargo actúan bajo los privilegios de una autoridad.
Esta denuncia fue realizada por la fiscalía hace algunos meses atrás, pero hasta la fecha no había resultados concretos a pesar del reclamo de algunas organizaciones y colectivos ciudadanos. Luego de que se emitiera el reportaje, el actual congresista de la República Luis Picón lanzó un zarpazo certero en contra del mandatario regional Juan Alvarado y el ex gobernador Rubén Alva llamándolos corruptos, anunciando también que en los próximos días el gobernador de Huánuco debe estar en la ciudad de Lima ejerciendo su derecho a la defensa ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, de la cual es miembro.
Este anuncio no tendría nada de malo. Pero resulta que el acusador, también exgobernador regional lleva sobre sus hombros 14 carpetas de investigación según se reveló en un medio de circulación nacional durante la campaña política, 13 por la presunta comisión de delitos de corrupción de funcionarios y una por lavado de activos. De esa lista tenía en ese momento seis acusaciones en el Ministerio Público, cinco investigaciones en etapa preparatoria y otras tres en estado preliminar. De seguro más de uno se preguntará si el actual congresista goza de autoridad moral para realizar este tipo de denuncias.
Con lo expuesto no pretendemos minimizar la culpabilidad de quienes fueron elegidos por la población huanuqueña para velar por los intereses de nuestra región. Al contrario, consideremos necesario de que los gobernadores regionales y autoridades municipales están en la obligación de rendir cuentas de sus actos a la población, y si son culpables por cometer algún delito, deberán pagar por sus hechos frente a la justicia peruana. También debiera ser una obligación moral el postular a un cargo público sin tener consigo ninguna denuncia que ponga en tela de juicio nuestro futuro accionar.
Lo cierto es, que la población está cansada de ver como algunas autoridades se aprovechan del cargo simplemente para llenarse los bolsillos. Señores, no se debe defraudar la confianza que el pueblo les brindó.
Artículo de Opinión de Rafael Baldeón Dávila
